KRISIS 21 NUEVO NUMERO PRIMAVERA VERANO 2008

Nueve familias andaluzas se declaran insolventes al no poder pagar sus deudas

P. A. SEVILLA
La crisis económica se está dejando sentir en las empresas y también en las familias. En Andalucía, en el primer trimestre de este año el número de deudores en proceso concursal (antes suspensión de pagos) creció un 252% con respecto al mismo periodo de 2007. El número de insolvencias casi se cuadruplicó al pasar de los 21 a 74, según los datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
Nueve familias andaluzas no pudieron asumir sus pagos y deudas en los tres primeros meses de este año, algo que no ocurrió en el mismo periodo del año anterior. A los nueve hogares hay que sumar 65 empresas, de las que casi la mitad pertenecen a los sectores de construcción (18) e inmobiliarias y servicios empresariales (12). A continuación, en número de expedientes presentados se sitúan las actividades de industria y energía (15 empresas); servicios (11); transporte (5); comercio (4); hostelería (2) y sin clasificar (8).
La cifra de insolvencias creció de forma vertiginosa en todas las provincias andaluzas, con la sola excepción de Córdoba (6, igual que en 2007).
En Sevilla los deudores concursales crecieron un 350%, al pasar de los 4 contabilizados en el primer trimestre de 2007 a un total de 18. Pese a ello, tanto en términos absolutos como porcentuales en Andalucía la mayor subida correspondió a Málaga, con 24 expedientes y un aumento del 700%. La tercera provincia con más deudores concursales fue Cádiz (11), seguida de Córdoba (6); Almería (5); Granada (4). El menor número correspondió a Jaén y Huelva, ambas con 3.
Andalucía fue la tercera autonomía, después de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con mayor número de deudores concursados. Concentró más del 17% del total nacional.
Obligaciones de pago
Nueve de cada diez solicitudes de insolvencia registradas en Andalucía se produjeron de forma voluntaria, es decir, a petición de la empresa o familia afectada, al no poder cumplir con las obligaciones de pago.
Por lo que se refiere al conjunto nacional, durante los tres primeros meses del año, 425 personas físicas o jurídicas -empresas o familias- no pudieron asumir sus deudas y acudieron a los Tribunales para acogerse al procedimiento concursal, que desde finales de 2004 sustituye a las quiebras y suspensiones de pagos.
Según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística, esta cifra representa un incremento del 78,57% respecto al mismo periodo del año anterior. De los 425 deudores concursados, 359 son empresas y los 66 restantes, familias. Y si el incremento de las sociedades incapaces de asumir sus deudas ha sido grande, un 64,67%, el de los hogares es mucho mayor, un 230%.
Dentro de las quiebras empresariales, destacan las acumuladas por el sector de la construcción, 83; seguidas de las de la industria, 81; las inmobiliarias, 57 y el comercio, 56.

El paro subió en 1.490 personas en abril hasta los 126.729 desempleados en Sevilla

ABC. SEVILLA
El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo en Sevilla subió en 1.490 personas en abril con respecto a marzo, el 1,1 por ciento, y situó la cifra total de desempleados en 126.729, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En el conjunto regional, el paro registrado aumentó en 8.928 personas en abril con respecto a marzo, el 1,6 por ciento, con lo que la cifra total de desempleados se situó en 545.519 Por provincias, el paro aumentó sobre todo en Almería, con 1.837 desempleados más, seguida de Sevilla (1.490); Cádiz (1.488); Málaga (1.179); Granada (1.090); Jaén (1.073); Córdoba (612) y Huelva (159).

El alcalde no admite preguntas sobre el escándalo de la contratación de su primo

EDUARDO BARBA. SEVILLA
Ni una palabra. El alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, no admitió ayer preguntas de los periodistas que le acompañaron en su visita a la factoría de Heineken acerca del escándalo de la contratación de su primo hermano, Félix Alfredo Sánchez Tavira, para diseñar el portal web del Plan Estratégico Sevilla 2020. Antes y después de los actos en la fábrica de cerveza, los responsables de comunicación del regidor sevillano indicaron a los periodistas interesados en el asunto que se habían desplazado hasta este centro industrial que Sánchez Monteseirín no respondería a interpelación alguna relacionada con el tema pese a la nutrida presencia de informadores. Con todo, este periódico preguntó directamente al alcalde justo antes de abandonar la fábrica y una vez concluido el acto motivo de la convocatoria, pero éste respondió con un escueto «no, no, no» cuando se le pidió que atendiera preguntas sobre la contratación y el pago de 6.000 euros por parte de Emasesa a un familiar suyo. Cinco días después de que se conociera este asunto, Sánchez Monteseirín sigue sin dar explicación alguna. El gerente de Emasesa, Manuel Marchena, tampoco quiso aclarar nada hace varios días sobre este particular.
Como se recordará, el Ayuntamiento, a través de la empresa pública de aguas, ha contratado al familiar del regidor para la confección del sitio en internet del Plan 2020. Se trata de un joven diseñador al que no se le conoce experiencia alguna en el sector, según fuentes consultadas por ABC, ni en diseño de páginas web corporativas de este calado. Félix Alfredo Sánchez Tavira se convirtió en autónomo a principios de año «ex proceso» para poder facturar su teórico trabajo al Ayuntamiento y sus únicas facturas de 2008 son las tres que finalmente ha abonado Emasesa.
Otro primo, en Emasesa
Este diseñador -que regenta junto a su pareja una tienda de trajes de novia en La Algaba, donde vive- es, a su vez, hermano de un técnico de infraestructuras de distribución precisamente de Emasesa, José Luis Sánchez Tavira, también primo, como es lógico del alcalde de Sevilla y que curiosamente trabaja en la empresa que ha pagado a su hermano trabajos para un Plan en el que Emasesa no tenía cometido alguno. Desde la Oficina del Plan, eso sí, se recalcaba ayer que el desarrollo en internet de esta iniciativa «no sería posible sin la colaboración tecnológica de Emasesa, que dentro del programa de modernización y tecnificación acometido por la Agrupación de Interés Económico de Sevilla está a punto de situarse a la vanguardia de las administraciones digitales».
Facturas sin detallar
El affaire arrancó la semana pasada, cuando el PP informó, sin dar nombre alguno, de cuatro «facturas dudosas» cargadas a Emasesa para el Plan Estratégico sin concretar los servicios prestados. Dos de ellas tienen la misma numeración y en una de ellas, al igual que una tercera, la fecha de emisión de la factura es posterior a la que aparece en el sello del registro de entrada de Emasesa. Ante tales acusaciones, Emasesa aclaró que las facturas referidas al Plan Estratégico se corresponden con el diseño y elaboración del portal web Sevilla 2020 y que una de las facturas aparece repetida porque la primera fue devuelta por un error en el importe, ya que no coincidían los días de alta como contratado de Sánchez Tavira con los que había facturado.

POR EL TRABAJO Y LOS TRABAJADORES

Los juzgados de Sevilla, la «prueba del delito» de la falta de medios

MERCEDES BENÍTEZ. SEVILLA
No son los años setenta. Aunque las fotos parezcan de un episodio de Cuentamé, son el testimonio gráfico del estado actual de los juzgados de Sevilla. Y es que la principal sede judicial de Sevilla, que a primeros de aquella década se trasladó al Prado de San Sebastián, sigue hoy, más de treinta años después en elmismo sitio. Y prácticamente en el mismo estado.
Lo peor no es sólo la imagen, un edifico antiguo y cutre, sino la falta de medios que, con sólo darse una vuelta por cualquier juzgados es más que eficiente. De hecho y aunque ha sido el Caso Mari Luz el que ha hecho que la opinión pública vuelva sus ojos hacia estas sedes, el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, tiene sus esperanzas puestas en que el cambio en la consejería (al frente de la cual está desde ésta misma semana Evangelina Naranjo) sirva para agilizar la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia.
El Prado, lo peor
«Ahora lo más urgente es lograr para los juzgados de Sevilla la Ciudad de la Justicia», dice el decano que, aunque está a la espera de ponerse en contacto con la nueva consejera, admite que los juzgados del Prado de San Sebastián son sin duda los que están peor. Es decir, la capital andaluza es la que tiene las sedes judiciales en peor estado de la comunidad pues, quitando algunos que se trasladaron a Viapol o a edifiios disepersos, el resto sigue en la antigua sede. De hecho, fuentes del TSJA también lo reconocían hace unos días y sólo hay que darse una vuelta por las instalaciones para comprobarlo.
El olor no puede plasmarse en las fotos pero una de las primeras sensaciones que uno tiene nada más entrar es que apesta a rancio: una mezcla entre desagüe y antiguo llega al olfato, sobre todo en la planta baja donde también la sensación que se percibe es la de que el tiempo parece haberse detenido. Quizás uno de los ejemplos de ese abandono de la sede judicial es el juzgado de lo penal número doce. Ubicado en la planta baja, este juzgado es la prueba del nueve de la falta de medios.
Los funcionarios trabajan en una sala a la que se trasladaron de forma «provisional» en el año 2000. Ocho años después siguen allí en unas dependencias que aunque algo destartaladas están lejos de la segunda modernización. De hecho, uno de los funcionarios de este juzgado, está materialmente delante de la salida de emergencia. Si hubiera que utilizarla por algo, habría que pasar por delante de la mesa y la silla en la cual se sienta uno de los trabajadores de penal 12.
Ejecutorias amontonadas
Pero si el caso del presunto asesino Santiago del Valle, cuya condena no fue ejecutada, ha sacado a la luz el problema de las ejecutorias, la saturación de estas pueden verse fácilmente en este juzgados. Los cientos de expedientes que se acumulan en estas dependencias, entre las cuales trabajan los funcionarios, son ejecutorias, la mayoría pendientes y entre las que destacan las de violencia sobre la mujer con al pegatina de «causa preferente». Son sólo una prueba de las más de 45.000 ejecutorias pendientes que hay, según el TSJA, en los juzgados de lo penal andaluces.
Pero estas dependencias, sin duda de las que peores condiciones sufren, también carecen de archivo. Aunque el plan de infraestructuras judiciales de la consejería de Justicia pregone la «informatización de los archivos», en este caso los archivos no es que no estén informatizados, es que ni siquiera tienen estanterias donde ubicar los papeles. Seguramente por eso las carpetas apiladas se amontonan en el suelo. «No tenemos archivo, por eso tenemos las carpetas por el suelo por todo el juzgado», dice una funcionaria.
Sorteando los montones en el suelo se accede (con alguna dificultad) al despacho del juez. O al del secretario que, en este caso, no es nada del otro mundo. Seguramente por eso y aunque con todo lo que ha ocurrido rehuyan salir en la foto, una funcionaria lo dice bien claro: «Como sigamos así vamos a tener que poner los papeles en la calle».
El calabozo del juzgado de guardia, un estrecho cubículo que hasta la puerta la tiene rota, es otra de las pruebas de la «inaplazable modernización» que necesitan los juzgados y enlos que los funcionarios se quejan también de la informática. Y es que, aunque los ordenadores estén conectados al «Adriano» el programa informático que la Junta de Andalucía puos en marcha hace algunos años, lo cierto es que el sistema, tiene algunas deficiencias. Además de no poder conectarse con el de los fiscales (el Fortuny), el sistema falla mucho. «Hay días que se queda colgado y no podemos trabajar», dice una de las funcionarias que lo sufren, mientras en el otro extreme un secreario pregona que tienen videoconferencia pero «algunos jueces no quieren usarla».
Grisson no trabaja aquí
También está muy lejos de la modernidad la planta médico forense. Ubicada en el sótano, las claustrofóbicas dependencias no tienen nada que ver con las modernas instalaciones de «CSI».
Pero aunque aquí no trabaje «Grisson», el jefe de servicio de los forenses, Jesús Parejo, reconoce que las instalaciones dejan mucho que desear. Sobre todo porque, separados por una especie de biombo pueden estar dos personas que sean objeto de un reconocimiento forense. Es decir, mientras un médico examina a una señora que ha sido objeto de un robo, a dos metros y sin que medie pu erta de por medio, puede estar un preso que también está siendo visto por otro. No hay independencia y, como es lógico, en muchos casos se vulnera la intimidad del paciente. Son pequeñas consultas además de muy estrechas «antiquísimas». Aunque ahora, según Parejo, han logrado que la delegación de Justicia se interese por el tema y el traslado, una vez que se ha publicado la orden, es cuestión de meses. Lo que tarden en alquilar nuevos locales y acondicionarlos para lograr que los exámenes forenses se hagan en instalaciones dignas.
Pero la falta de medios también es de personal. Aunque la Junta de Andalucía insistiera hace unas semanas cuando la polémica por la sustitución de la funcionaria de penal número 1 en que se cubren las bajas, el decano de los jueces de Sevilla no opina lo mismo.
Que se cubran las bajas
De hecho Jiménez Ballester asegura que uno de los principales problemas es la cobertura de vacantes. Algo que llevan tiempo reclamando ya que normalmente cuando se producen las bajas tardan en llegar las sustituciones y, a veces, los que llegan no tienen la preparación específica.
Con todo y pese al plan queanunció la Junta para modernizar las sedes judiciales, en Sevilla esa modernización está lejos de la realidad mientras la Ciudad de la Justicia sigue siendo un sueño lejano. Aunque tras varios cambios, la ubicación parece clara que será en el puerto de Sevilla, lo cierto es que sin que la Autoridad Portuaria ni siquiera haya cedido todavía los terrenos, ni hay proyecto, ni licitación ni nada que se le parezca. Con lo que la fecha de 2010 que anunciaba la Junta de Andalucía para que la Ciudad de la Justicia de Sevilla esté en marcha sigue siendo prácticamente una utopía.

La Policía denunciará a los «okupas» del edificio de San Luis

ABC. SEVILLA
La Policía Nacional denunciará a las personas que han "ocupado ilegalmente" la antigua fábrica de sombreros de Sevilla, situada en la calle Heliótropo, ante la Justicia ya que no cuentan con autorización alguna de Subdelegación del Gobierno.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno indicaron a Europa Press que estos 'ocupas' están informando de que cuentan con el permiso de la Delegación del Gobierno para llevar a cabo esta acción, algo que desmintieron rotundamente, puesto que únicamente han enviado un fax a la Delegación comunicándoles que iban a llevar a cabo esta ocupación, que es "ilegal".
Colectivos sociales compuestos por vecinos y artesanos ocuparon hoy en la fábrica de sombreros de Sevilla situada en la calle Heliotropo, en la zona de San Luis, para reclamar el uso social y cultural de este edificio "abandonado desde hace casi una década".
Según indicaron en un comunicado remitido a Europa Press, se trata de una acción enmarcada dentro de la 'Semana de Lucha Social' convocada por sindicatos y organizaciones políticas y sociales, que comenzó el 25 de abril y que culminará con una manifestación el Primero de Mayo.
Del mismo modo, el colectivo indicó que "ante la escasez de espacios sociales y culturales en la ciudad", exigen la revitalización del edificio que, "como tantos otros, contribuye al deterioro del entorno urbano y la exclusión de las poblaciones y usos tradicionales".
Por otro lado, matizaron que "mientras el Ayuntamiento promete espacios de uso público en cada solar, cientos de inmuebles continúan degradándose en espera de proyectos que nunca llegan o son privatizados para satisfacer la vorágine especulativa".
El edificio en el PGOU
Este inmueble está proyectado por el PGOU de Sevilla como equipamiento socio-cultural y espacio para talleres de artesanos en su primer cuatrienio de aplicación. Entre la aprobación inicial y final del documento, la administración "ha recortado casi la totalidad del espacio dedicado a actividades artesanales, mostrando escaso interés en el mantenimiento de esta actividad tradicional y en la protección de cultura sevillana en general".
"A día de hoy se sigue sin intervenir el edificio o iniciar las acciones necesarias para llevar a cabo su expropiación, mientras que los artesanos del casco antiguo continúan siendo desalojados por la presión especulativa e inmobiliaria y se sigue padeciendo la falta de espacios para los jóvenes", añade la nota.
El edificio permanece "en el más absoluto abandono mientras el Ayuntamiento despilfarra sus recursos en proyectos faraónicos, con su máxima expresión en los Parasoles de la Plaza de la Encarnación". La presión de la especulación inmobiliaria "sigue acosando los corrales de artesanos característicos de la ciudad, como el corral de la calle Castellar, los talleres del Pasaje Mallol u otros lugares típicos que están siendo desalojados".
Por último, el colectivo lamentó que "el interés privado prevalece a toda costa sobre el valor de la cultura tradicional", ya que "en lugar de defender el patrimonio cultural común, se prima el beneficio económico de los de siempre".